PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL EN LA AGE

DOCUMENTO DE MEDIDAS


Expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene.


Dos juzgados condenan a la UV por conducta "omisiva" ante denuncias de acoso laboral de dos profesoras


La Universidad de Sevilla prohíbe suspender y expulsar del aula a los alumnos que copien en los exámenes
(enlace a la noticia)


Pero, ¿qué debe hacer un profesor de la Universidad de Alicante si un alumno es sorprendido copiando en un examen?
Ni la normativa general de la UA sobre el procedimiento de evaluación y exámenes ni los reglamentos de los centros contemplan la posibilidad de incidencias en el examen
(enlace a la normativa de la UA)


Por lo tanto, habrá que recurrir al reglamento de régimen disciplinario de la UA
¡No puede ser! El reglamento disciplinario de la UA es del periodo franquista (1954/1958)
(enlace reglamento disciplinario de la UA)


Aunque el Estatuto de la UA (Capítulo VI, artículo 201), aprobado en 2004, contempla la aprobación de un reglamento de régimen disciplinario, el Consejo de Gobierno no ha tenido tiempo para elaborarlo Entonces, ¿qué ocurre si un alumno agrede o insulta a un profesor o a un compañero en el aula? ¿Puede un profesor expulsar del aula a unos alumnos que juegan a las cartas en el transcurso de la clase? ¿Se puede impedir la entrada en el aula a un alumno que llega tarde?



CONDENA MILLONARIA A UNA EMPRESA PÚBLICA MADRILEÑA POR ACOSO LABORAL


APUNTES SOBRE EL CONCEPTO DE “MOBBING” EN LA DOCTRINA JUDICIAL ESPAÑOLA


Primera Condena a una Universidad por daños morales y perjuicios profesionales
Condenan a la Universidad de Alicante al pago de 30.000 € a una profesora en concepto de indemnización por daños morales y perjuicios profesionales sufridos

Antecedentes de Hecho:
En noviembre de 2002 se abrió Expediente Sancionador a la Profesora Irene Prüfer Leske como reacción a su denuncia por Mobbing de cuatro profesores de la Universidad, entre ellos las dos Directoras del Departamento. El 2 de abril de 2003 dictó Resolución el entonces Rector Salvador Ordóñez en el Expediente sancionador por la comisión de 4 supuestas faltas disciplinarias. Irene Prüfer ganó el Recurso en contra de la resolución con sentencia del 16 de septiembre de 2003 en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que dictó la nulidad de la resolución rectoral por ser contraria a derecho con condena en costas a la Universidad.

Con fecha 22 de febrero de 2005 se interpuso Reclamación por responsabilidad patrimonial ante la Universidad de Alicante, por los daños ocasionados durante la tramitación del procedimiento disciplinario, el cual fue declarado nulo en virtud de sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Alicante, reclamando una indemnización de 120.000 € que es desestimada por la Universidad de Alicante en la Vía Administrativa con resolución del 17 de marzo de 2006.

Contra dicha resolución, Irene Prüfer recurre en procedimiento ordinario en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2, alegando que “como consecuencia del citado procedimiento disciplinario, ... sufre unas secuelas psíquicas y morales, tal y como se refleja en el informe emitido por el Doctor D. Iñaki Piñuel y Zabala, .... en el cual se le diagnostica TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, CRÓNICO, REACTIVO A UN CUADRO DE MOBBING O ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL.
Se adjunta Certificado de minusvalía expedido por el Centro de Valoración y orientación de discapacitados dependiente de la Consellería de Bienestar Social, según el cual se reconoce a Dª Irene Prüfer Leske un grado de minusvalía del 36 %.

Además, como consecuencia de toda la situación vivida, la Sra. Prüfer sufrió una disfunción cardíaca en junio de 2006. ...

A todos estos informes se añadieron los partes de baja entre 2002 y 2004, por estrés postraumático y depresión, que figuran en el expediente administrativo.

Se denuncia una defectuosa actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Alicante, vulnerándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que deberían haber intervenido adoptando las medidas tanto generales como específicas mínimas y elementales para garantizar la seguridad psico-laboral en el lugar de trabajo.

La Universidad conocía la existencia de una denuncia por acoso realizada por la Sra. Prüfer, y pese a ello se limitó a esperar el resultado del procedimiento judicial, sin adoptar ninguna medida al respecto. Resuelto el procedimiento judicial, nuevamente no adoptó medida alguna de prevención de riesgos laborales, pese a conocer sobradamente la existencia de un conflicto laboral que había dado lugar primero a una denuncia por mobbing, y después a una denuncia, esta vez contra la Sra. Prüfer, que generó un procedimiento de responsabilidad disciplinaria.

A la Resolución del Rector de la Universidad de Alicante, en la cual se sancionaba a Dª Irene Prüfer Leske, se le dio una extraordinaria publicidad, no sólo en periódicos de ámbito nacional, sino también internacional, tanto en ámbitos universitarios con en otras instituciones educativas y culturales, produciéndose un importante menoscabo del prestigio profesional de la Sra. Prüfer, difícilmente evaluable económicamente.

En el expediente administrativo figura el preceptivo informe del Consejo Jurídico consultivo. Dicho Informe en su consideración cuarta ... expresamente manifiesta ”Al haberse declarado nula la resolución administrativa sancionadora por los Tribunales de Justicia, entendemos que ha sido susceptible de generar daño moral, por el descrédito que ello supone para quien se le atribuye la comisión de una falta grave en el desempeño de su actividad profesional. De otra parte la existencia de tal daño se constata en el expediente, teniendo en cuenta en conjunto los informes psicológicos y la resolución administrativa de la Consellería de Bienestar Social de declaración de discapacidad a resultas de trauma psíquico. Dicho daño se puede presumir, en parte, causado por el proceder ilegítimo de la Administración, debiendo repararse conforme al principio de reparación integral del daño aplicable a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, que es título de imputación frente a la Universidad, que deberá indemnizar a la profesora reclamante. En cuanto se ha acreditado suficientemente en el procedimiento que las sanciones impuestas indebidamente a la reclamante le causaron un innegable daño moral susceptible de indemnizar... Igualmente llama la atención a los innumerables defectos producidos durante la tramitación del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial por la Universidad de Alicante, denunciados sistemáticamente por la recurrente, y que no han hecho más que dilatar indebidamente dicho procedimiento, atentando contra la dignidad de Dª Irene Prüfer, y agravando la situación médica ya padecida con anterioridad.

En el procedimiento ordinario ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se dictó sentencia favorable el 8 de octubre de 2007:
Fundamentos de Derecho:
“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho de ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, ... siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

Fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Alicante del 8 de octubre de 2007
“La tramitación del expediente sancionador ha repercutado sobre su estado de salud” ...
“Ha quedado acreditado que la recurrente sufrió, durante la tramitación del expediente sancionador un daño moral efectivo, que agravó la sintomatología que la misma padecía, viéndose, además, afectado su prestigio y reputación profesional ...”
“La declaración judicial de la resolución que sancionó a la recurrente deja patente el nexo causal entre el daño sufrido por la recurrente y el agente productor del mismo, al ser considerada contraria a derecho, nula y sin efecto la resolución sancionadora de fecha de 2 de abril de 2003”.


Acoso laboral
Esta reforma afronta la lucha contra este tipo de conductas inadmisibles que comúnmente se conocen como acosos laborales (mobbing) y humillan a quien los sufre. Su encaje se realiza en el artículo dedicado a los ataques contra la integridad moral, con una pena de prisión de seis meses a dos años.
Link: www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/


Lunes, 21 de marzo de 2005

El TSJ del País Vasco ha condenado a indemnizar con 60.000 € a un trabajador sometido a mobbing

[09:00 h] Noticias Jurídicas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a una empresa a pagar 60.000 euros a un trabajador que fue sometido a mobbing y que solicitó la extinción de su contrato laboral ante "la ansiedad generalizada" que se le causó. La sentencia afirma que "el acoso moral" logró su finalidad "de causar un grave daños psíquico" al trabajador que le llevó a abandonar su trabajo, por lo que se condena a la compañía a pagarle 30.000 euros por el despido y otros 30.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

El encargado trataba "despectivamente" al trabajador y era el último al que le asignaba el trabajo. Además, hablaba "mal de él delante del resto de operarios" y manifestó su intención de "cargárselo por los problemas que le causaba". El empleado llegó a recibir "un trato incorrecto" incluso por el encargado general.

Para el tribunal este caso encaja en el perfil de acoso moral siendo una situación en la que "una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas respecto a las que mantiene relación asimétrica de poder en el lugar de trabajo". El objetivo es "destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que, finalmente, esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo".

La resolución judicial añade que "la prolongación de la situación de acoso moral en el tiempo" se ha situado por algunos tribunales en una duración orientativa de seis meses. Sin embargo añade que "ha de tenerse en cuenta que no todas las personas soportan o resisten de igual manera situaciones como la que nos ocupa, de modo que, en algunos casos, sea imposible que el acoso se prolongue porque, en un determinado momento, el trabajador termina por rendirse o caer enfermo".